José Antonio Kast juró como presidente de Chile el 11 de marzo de 2026, en una ceremonia celebrada en la ciudad portuaria de Valparaíso, marcando el giro ideológico más pronunciado hacia la derecha desde el fin de la dictadura militar de Augusto Pinochet en 1990. Kast, autoproclamado defensor incondicional de Pinochet, obtuvo aproximadamente el 60 por ciento de los votos en una victoria aplastante impulsada por la preocupación generalizada de la población ante el aumento de la criminalidad y la inmigración descontrolada. Sucede al presidente saliente de izquierda Gabriel Boric, cuyo mandato estuvo marcado por reformas sociales progresistas que Kast se ha comprometido a revertir.
La investidura atrajo a una notable delegación de dignatarios internacionales que refleja la creciente alineación entre líderes conservadores de América Latina y más allá. El presidente argentino Javier Milei, el presidente boliviano Rodrigo Paz y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa asistieron en persona, al igual que la líder opositora venezolana María Corina Machado. El rey Felipe VI de España representó los intereses europeos en la ceremonia, mientras que el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau encabezó la delegación norteamericana. El presidente panameño José Raúl Mulino también se sumó al evento, subrayando la solidaridad conservadora regional exhibida en esta ocasión.
Entre los anuncios políticos más contundentes figuró la introducción de un programa denominado Escudo Fronterizo, que Kast describió como un esfuerzo sin precedentes para asegurar la frontera norte de Chile. El plan contempla el despliegue de una fuerza fronteriza de 3.000 efectivos equipados con muros, torres de vigilancia, drones de vigilancia autónomos y trincheras a lo largo de los principales puntos de cruce. La nueva administración también anunció la criminalización de la inmigración ilegal y se comprometió a llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes indocumentados que residen actualmente en el país.
En materia de seguridad interior, Kast presentó lo que denominó el Plan Implacable, una estrategia integral contra la delincuencia centrada en operaciones policiales y militares ampliadas, penas de prisión más largas para delincuentes violentos y el aislamiento de líderes de bandas criminales en instalaciones de máxima seguridad. El nuevo presidente también confirmó su intención de buscar una prohibición total del aborto, revocando la legislación vigente que permite el procedimiento en casos de violación, riesgo para la vida de la madre e inviabilidad fetal. Estas medidas representan un retroceso significativo en las protecciones sociales promulgadas bajo administraciones anteriores.
La investidura ha provocado una férrea oposición por parte de organizaciones de derechos de las mujeres y grupos de defensa de los derechos LGBTQ, quienes advirtieron que la agenda de Kast representa una amenaza directa a las libertades civiles conquistadas con gran esfuerzo. Se organizaron manifestaciones en Santiago y otras ciudades importantes, donde los participantes expresaron su preocupación por la posible erosión de los derechos reproductivos y las protecciones para las minorías sexuales y de género. Organizaciones internacionales de derechos humanos también emitieron comunicados instando al nuevo gobierno a respetar las garantías constitucionales y las obligaciones derivadas de los tratados internacionales.
Los analistas políticos han señalado que, a pesar de su contundente mandato electoral, Kast no cuenta con una mayoría absoluta en el Congreso, lo que significa que deberá formar coaliciones con partidos centristas y de derecha moderada para impulsar sus propuestas legislativas más ambiciosas. Esta realidad legislativa podría moderar algunas de sus iniciativas más radicales, particularmente en materia de aborto e inmigración, áreas en las que los legisladores de la oposición ya han señalado su resistencia. El equilibrio de fuerzas en el Congreso chileno será un factor determinante en la concreción efectiva del programa de gobierno de Kast.
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