El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo provisional el 7 de mayo para retrasar los plazos de aplicación de las disposiciones sobre sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo en el marco de la histórica Ley de IA, otorgando a las empresas tiempo adicional para cumplir con las exigencias más estrictas de la legislación. El acuerdo, parte de la iniciativa Ómnibus Digital de la Comisión Europea, pospone la fecha de aplicación para los sistemas de IA de alto riesgo autónomos clasificados bajo el Anexo III hasta el 2 de diciembre de 2027, mientras que las obligaciones para la IA de alto riesgo integrada en productos regulados se difieren hasta el 2 de agosto de 2028.
El acuerdo representa una concesión significativa a los grupos industriales que habían argumentado que los plazos originales eran poco realistas dada la complejidad de los requisitos de cumplimiento y la ausencia de estándares técnicos finalizados. Las empresas que despliegan IA en sectores como la sanidad, las fuerzas del orden, la educación y las infraestructuras críticas habían advertido que acelerar el cumplimiento podría llevar a salvaguardas mal implementadas o forzarlas a retirar productos de IA del mercado europeo.
Más allá de los ajustes de calendario, el acuerdo Ómnibus introduce nuevas prohibiciones que reflejan las preocupaciones crecientes sobre el contenido sintético. El acuerdo añade una prohibición de los sistemas de IA utilizados para generar imágenes íntimas no consentidas y material de abuso sexual infantil, incluyendo aplicaciones comúnmente conocidas como nudificadores. Esta disposición responde a una creciente ola de casos de abuso por deepfake en toda Europa.
El acuerdo también modifica las obligaciones de transparencia bajo la Ley de IA. Los requisitos de marca de agua para los proveedores de sistemas de IA se posponen hasta el 2 de diciembre de 2026, aunque esto representa un retraso menor que los seis meses originalmente propuestos. Todas las demás obligaciones de transparencia continuarán aplicándose a partir del 2 de agosto de 2026.
Las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos digitales han criticado los retrasos, argumentando que permiten efectivamente que los sistemas de IA de alto riesgo operen sin supervisión adecuada durante un período prolongado. El acuerdo provisional aún requiere la adopción formal por parte del Consejo y el Parlamento antes de convertirse en ley, un proceso que se espera tome varios meses.
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