Agentes federales realizaron una operación encubierta de vigilancia contra organizaciones progresistas, sindicatos y otros grupos que protestaban por una campaña migratoria en Minneapolis, según documentos gubernamentales revelados el jueves en un tribunal federal. Associated Press informó a primera hora del viernes que funcionarios de Seguridad Nacional entraron en reuniones celebradas en iglesias, escuelas, parques y una biblioteca, observaron chats de activistas y usaron matrículas de vehículos para identificar a asistentes. El caso plantea dudas sobre la frontera entre una investigación penal y la actividad política protegida por la Constitución.
Los registros aparecieron en una causa contra quince personas a las que fiscales federales acusaron en junio de obstaculizar el operativo migratorio. Las autoridades les atribuyen una conspiración contra el Gobierno federal mediante actos que abarcaron desde lanzar trozos de hielo hasta levantar bloqueos. Los funcionarios llamaron Operation Puppet Master a la investigación inicial y afirmaron que buscaba una red que auxiliaba a agitadores violentos; una iniciativa posterior recibió el nombre Project Whipple Shield. El abogado defensor Kevin Riach presentó el jueves una moción para obtener más material y calificó las pesquisas de amplias, irracionales e impulsadas por motivos políticos.
Los documentos citados por AP muestran que un agente encubierto asistió el 31 de enero a una reunión de Sunrise Movement en una biblioteca de Minneapolis. Los participantes hablaron de sentadas, reducción de tensiones, un enlace con la policía y responsables de seguridad. El informe del propio agente dejó constancia de que el grupo climático se concentraba en protestas pacíficas. Otras páginas describen a agentes que entraron en secreto en reuniones, observaron conversaciones colectivas y rastrearon datos de registro de automóviles cercanos a actos públicos. Riach sostuvo que gran parte de lo vigilado era organización ciudadana corriente y no prueba de un delito.
La vigilancia fue más allá de la presencia en reuniones. Una presentación de Seguridad Nacional situó a dieciocho organizaciones en un diagrama, desde un pequeño colectivo local de reparación de bicicletas hasta la AFL-CIO, la mayor federación sindical de Estados Unidos. Los investigadores también consiguieron varios años de determinados registros financieros vinculados a Sunrise Movement, Service Employees International Union y Communications Workers of America. Una solicitud del departamento pidió al sistema FedWire de la Reserva Federal que no revelara la citación durante un periodo indefinido, según los documentos examinados por AP.
Seguridad Nacional declaró a AP que su división de investigaciones no comenta indagaciones activas ni métodos de investigación y remitió las preguntas a la fiscalía federal de Minnesota, que no respondió de inmediato. Claude Cummings Jr., presidente de Communications Workers of America, afirmó que el sindicato considera la pesquisa un uso indebido del proceso legal contra personas que ejercen derechos constitucionales y que no se dejará intimidar. Una coalición de organizaciones civiles de Minneapolis, mediante un comunicado distribuido por Unidos MN, acusó también al Gobierno de intentar desalentar la acción comunitaria organizada.
La investigación siguió al despliegue de unos 3.000 agentes federales en la zona de Minneapolis y Saint Paul durante cerca de tres meses desde finales del año pasado, descrito por el departamento como su mayor operación migratoria. Produjo miles de arrestos, protestas masivas y la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses, según AP. El fiscal federal de Minnesota, Daniel Rosen, ha descrito a los quince acusados como integrantes de dos grupos antifascistas, mientras Riach niega que su cliente Isaac Sant tuviera esa afiliación. La decisión judicial sobre la solicitud de información y cualquier nueva publicación de documentos determinarán cuánto se examinan la base legal, el alcance y el uso de los datos reunidos.
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