Se desataron disparos dentro del Senado de Filipinas el miércoles por la noche cuando policías y marines intentaron arrestar al senador Ronald dela Rosa, buscado por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a la brutal campaña antidrogas del expresidente Rodrigo Duterte. Más de una docena de disparos se escucharon dentro del complejo legislativo en Pasay City, obligando a periodistas y empleados a huir mientras soldados armados con fusiles y equipos de protección subían las escaleras del edificio.
La CPI había hecho público un mandato de arresto contra dela Rosa, exjefe de la policía nacional que encabezó la guerra contra las drogas de Duterte entre julio de 2016 y abril de 2018. El mandato lo acusa del crimen de lesa humanidad de asesinato de no menos de 32 personas durante su período al frente de la Policía Nacional Filipina. Miles de sospechosos, en su mayoría personas pobres involucradas en delitos menores relacionados con drogas, fueron asesinados durante la represión, que generó una condena internacional generalizada por parte de organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros.
Dela Rosa se había refugiado dentro del Senado bajo la protección de legisladores aliados durante varios días, negándose a entregarse a las autoridades. El presidente del Senado, Alan Cayetano, describió la situación como extremadamente tensa, afirmando que las emociones estaban al límite y que el Senado parecía estar bajo ataque. El pánico se extendió fuera del edificio cuando simpatizantes del senador se abalanzaron hacia las puertas del Senado tras escuchar los disparos provenientes del interior del complejo.
El enfrentamiento representa una crisis constitucional sin precedentes en Filipinas, enfrentando al poder legislativo contra las fuerzas del orden que actúan según una orden judicial internacional. El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. había señalado previamente su disposición a cooperar con la CPI, revirtiendo la postura de su predecesor Duterte, quien retiró al país de la jurisdicción de la corte en 2019. El gobierno actual se reincorporó a la CPI en 2025 como parte de esfuerzos más amplios para fortalecer las alianzas internacionales y restaurar la reputación del país en materia de derechos humanos.
No quedó claro quién disparó dentro del complejo senatorial, y las autoridades no han confirmado víctimas. Las fuerzas de seguridad habrían asegurado partes del edificio, aunque la operación completa continuó durante la noche. Observadores internacionales y diplomáticos han pedido moderación, advirtiendo que la violencia dentro de una cámara legislativa amenaza las instituciones democráticas. La CPI emitió un comunicado instando a las autoridades filipinas a ejecutar la orden de arresto de manera pacífica, respetando el estado de derecho y la seguridad de todas las personas presentes en el Senado.
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