La Cámara de Diputados de Italia aprobó en Roma el 8 de octubre la reforma electoral de la primera ministra Giorgia Meloni por 227 votos frente a 164, confirmó la institución. La votación parlamentaria definitiva fija nuevas reglas para las elecciones generales previstas en 2027. Según Reuters, el voto fue secreto.
La reforma sustituye el sistema mixto por uno proporcional con una prima de mayoría. Antes, unos dos tercios de los legisladores se elegían proporcionalmente y un tercio en circunscripciones uninominales. Según Reuters, una alianza que supere el 42% de votos podrá recibir escaños adicionales; si varias superan ese umbral, la más votada obtendrá la prima.
La ficha de Reuters señala que la prima suma 70 escaños en la Cámara de 400 miembros y 35 en el Senado de 200. Los límites impiden que el premio lleve al ganador por encima de 220 diputados y 113 senadores. Las coaliciones necesitan el 10% de votos para entrar al Parlamento; los partidos, incluidos los aliados, el 3%.
Las coaliciones y los partidos independientes deben designar un candidato a primer ministro antes de votar, informó Reuters. La designación no es vinculante, pues el presidente conserva la potestad constitucional de elegir al jefe del Gobierno. Los partidos sin representación parlamentaria deberán reunir 6.000 firmas por circunscripción para presentar candidatos, frente a las 1.500 anteriores.
Según Reuters, Meloni sostiene que los cambios darán más estabilidad a los gobiernos y cohesión a las mayorías. La oposición de centroizquierda afirma que buscan favorecer su permanencia en el poder. AP informó que los opositores preparan una impugnación constitucional porque consideran que la prima distorsiona la representación; son sus objeciones, no un fallo judicial.
Reuters también detalla un acuerdo sobre preferencias: quienes encabezan las listas mantienen prioridad, preservando la influencia de los líderes sobre los elegidos. La atención pasa a los preparativos electorales y la impugnación anunciada. Según AP, si esta prospera, podría obligar al Gobierno a revisar las reglas antes de que los ciudadanos vuelvan a las urnas.
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