Hatim B., un ciudadano marroquí de 32 años, fue deportado a Marruecos el jueves 23 de abril a las 12:30 del mediodía, poniendo fin a casi una década de empleo como jardinero al servicio de la familia Le Pen. La expulsión fue ordenada por Alexandre Brugère, el prefecto de Hauts-de-Seine, y se ejecutó desde el centro de detención administrativa de Nanterre. La información, publicada originalmente por Le Parisien, ha provocado una conmoción en el panorama político francés.
El hombre había trabajado desde 2017 para Jany Le Pen, la viuda de 93 años de Jean-Marie Le Pen, fundador del partido ultraderechista Frente Nacional, fallecido en enero de 2025. Durante la totalidad de su período de empleo, Hatim B. jamás poseyó un permiso de residencia válido en Francia, lo que significa que permaneció en situación completamente irregular durante todos esos años. Esta revelación plantea serias cuestiones sobre las prácticas de contratación dentro de uno de los hogares más influyentes de la política francesa.
La situación conlleva un nivel extraordinario de ironía que no ha pasado desapercibido entre los comentaristas y la opinión pública. La familia Le Pen representa el epicentro de la política antiinmigración en Francia. Jean-Marie Le Pen construyó su carrera política con una retórica ferozmente hostil hacia los inmigrantes, y su hija Marine Le Pen ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en la piedra angular de su plataforma política. Sin embargo, durante años, la propia familia empleó discretamente a un trabajador indocumentado en su hogar, una contradicción que socava la credibilidad del mensaje político fundacional de la dinastía.
Jany Le Pen visitó a Hatim B. en el centro de detención administrativa de Nanterre antes de su deportación, y la reunión duró aproximadamente una hora. La familia también contrató a un abogado para intentar regularizar su situación migratoria, pero esos esfuerzos resultaron infructuosos. El hecho de que la familia buscara intervención legal sugiere un vínculo personal con su empleado de larga duración que contrasta notablemente con las posiciones políticas defendidas públicamente bajo el apellido Le Pen.
Tras la deportación, Jany Le Pen estaría buscando asesoría jurídica para impugnar la expulsión y explorar las vías legales que permitan un posible regreso de Hatim B. a Francia. La base jurídica de tal impugnación sigue siendo incierta, dado que el hombre nunca dispuso de un permiso de residencia durante su estancia en el país. Los especialistas en derecho migratorio señalan que contestar una deportación después de haberse ejecutado presenta obstáculos procesales muy difíciles de superar.
La revelación ha desatado un intenso debate en los medios franceses y en las redes sociales. Los críticos del movimiento político de los Le Pen han aprovechado la historia como prueba de hipocresía en las más altas esferas de la derecha antiinmigración. Los simpatizantes de la familia han guardado un silencio notable o han intentado separar el ala política de la dinastía de las decisiones domésticas de Jany Le Pen. Independientemente de la afiliación política, esta historia pone de manifiesto la relación compleja y frecuentemente contradictoria que Francia mantiene con el trabajo indocumentado.
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