La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que impediría participar en elecciones a opositores definidos de manera amplia y extendería de seis a siete años el mandato presidencial y otros cargos superiores. La votación unánime se celebró el martes en León y la iniciativa fue promovida por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La enmienda establece que las personas calificadas como traidores a la patria, así como aquellas consideradas vinculadas con un intento de golpe de Estado, financiación extranjera o actos contra la soberanía nacional, no podrán aspirar a puestos electivos, ejercer cargos públicos por designación ni dirigir partidos. Las autoridades presentan las disposiciones como una defensa frente a la injerencia extranjera, mientras organismos de derechos humanos sostienen que la redacción concede al gobierno una amplia capacidad para excluir a competidores reales.
El período de siete años se aplicaría a la copresidencia, diputados, alcaldes y otros funcionarios electos, además de altas autoridades judiciales y electorales y los jefes del Ejército y la Policía. Reuters, AP y EFE informaron que el cambio aplaza la próxima votación presidencial y prolonga los mandatos actuales, aunque sus relatos difieren sobre si los próximos comicios nacionales quedarían para finales de 2027 o para 2028 bajo el calendario revisado.
La medida todavía no está vigente. Nicaragua exige que las reformas constitucionales sean aprobadas en dos legislaturas distintas, y Murillo indicó que una segunda votación comenzaría el 18 de enero de 2027. El Frente Sandinista de Liberación Nacional controla el Parlamento, por lo que la aprobación final es muy probable, pero la ratificación pendiente sigue siendo un paso jurídicamente necesario.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió el miércoles a los socios internacionales que abandonen la normalidad en sus relaciones con el gobierno nicaragüense y afirmó que Washington buscará medidas mediante la Organización de los Estados Americanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había advertido que la propuesta institucionalizaría la permanencia indefinida en el poder, restringiría la competencia política y debilitaría las condiciones para una transferencia democrática.
Ortega, de 80 años, regresó al poder en 2007 y gobierna junto con Murillo como copresidenta desde una reforma constitucional anterior. Nicaragua vive una crisis política prolongada desde la represión de las protestas antigubernamentales de 2018, cuando murieron más de 300 personas según observadores internacionales. La segunda votación y cualquier medida diplomática regional determinarán con qué rapidez las nuevas reglas transforman el sistema político ya restringido del país.
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