Una amplia empresa petrolera respaldada por Estados Unidos en Venezuela quedó bajo mayor escrutinio el 5 de septiembre, después de que Reuters informó que su principal socio privado, el multimillonario Alejandro Betancourt, había sido investigado por presunto lavado de dinero vinculado a fondos sustraídos de la petrolera estatal PDVSA. Betancourt nunca fue acusado formalmente y su abogada afirmó que autoridades de varios países examinaron las alegaciones sin presentar cargos.
El acuerdo concede a la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono una posición económica del 35 % en North American Blue Energy Partners, o NABEP, controlada por Betancourt. Un funcionario estadounidense explicó que se utilizaron opciones de compra de bajo costo para conservar la participación de Washington mientras el proyecto capta capital. El Departamento de Estado también podrá comprar el 20 % de la producción al costo y tendrá acceso preferente al resto a precios de mercado.
NABEP recibió derechos por cien años para desarrollar 17 campos venezolanos con reservas estimadas en 65.000 millones de barriles, sin un proceso competitivo, según Reuters. La Casa Blanca presenta el plan como una vía para asegurar crudo, reducir el costo del combustible y atraer inversión privada. AP señaló dudas sobre la facultad de la presidenta interina Delcy Rodríguez para conceder derechos tan prolongados y sobre la posibilidad de que futuras administraciones los mantengan.
Reuters indicó que cuatro personas conocedoras de la política estadounidense describieron a Betancourt como una fuente importante de ayuda antes de la operación de enero que apartó a Nicolás Maduro. Según el informe, aportó información útil para un bloqueo naval y facilitó contactos entre Washington y Caracas. Reuters no pudo determinar cuándo los fiscales pausaron una investigación en Florida sobre un supuesto desvío de más de 1.000 millones de dólares de PDVSA, ni si la decisión estuvo relacionada con su cooperación.
Un funcionario estadounidense sostuvo que los asuntos tenían casi una década, que Betancourt no afronta actualmente problemas legales en Estados Unidos y que la experiencia operativa de NABEP la convertía en el mejor socio disponible. Su abogada rechazó cualquier insinuación de conducta ilícita pendiente. El Gobierno venezolano no respondió a Reuters. Las revelaciones elevan las exigencias de transparencia porque agencias públicas poseen derechos financieros y de compra en un proyecto adjudicado a un operador privado.
El potencial comercial es enorme, pero la ejecución requerirá años y mucho capital. Venezuela posee más de 303.000 millones de barriles de reservas probadas, según datos de la OPEP citados por AP, aunque produce poco más de un millón diario tras años de escasa inversión y sanciones. Chevron planea por separado invertir más de 7.000 millones de dólares en cinco años y alcanzar unos 600.000 barriles diarios. Los inversores observarán ahora la financiación, la divulgación contractual, los desafíos legales y la llegada efectiva del crudo a refinerías estadounidenses.
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