La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, pagó una fianza ante el Tribunal Regional de Quezon City, en el área metropolitana de Manila, el sábado 5 de septiembre, después de que una jueza emitiera el día anterior una orden de arresto por tres cargos de amenazas graves. Associated Press informó que funcionarios judiciales tomaron sus huellas y que la orden quedó levantada tras el pago total de 360.000 pesos, unos 5.740 dólares. Duterte niega las acusaciones y seguirá en libertad mientras avanza el proceso penal.
Los cargos proceden de comentarios que Duterte hizo durante una conferencia de prensa por internet en 2024, cuando se desmoronaba su alianza con el presidente Ferdinand Marcos Jr. La fiscalía sostiene que describió un acuerdo para que un asesino matara a Marcos, a la primera dama Liza Araneta Marcos y al entonces presidente de la Cámara, Martin Romualdez, si ella moría. Duterte afirmó posteriormente que había expresado preocupación por su propia seguridad y que no había amenazado al presidente.
La Sala 98 del Tribunal Regional de Quezon City fijó una fianza de 120.000 pesos por cada cargo. La Philippine News Agency y Philstar, al citar al Departamento de Justicia, informaron que el tribunal halló causa probable para llevar a Duterte a juicio y rechazó su petición de aplazar o retirar la orden y anular la acusación formal. Su abogado, Paul Lawrence Lim, señaló que recurriría a todos los mecanismos legales disponibles y que ella no pretendía eludir la justicia.
Duterte dijo ante los periodistas fuera del tribunal que se sentía insegura y acusó a la policía de acosarla a ella y a personas en su domicilio, una alegación que los medios citados no verificaron de forma independiente. Mostró la resolución judicial que levantó la orden y pidió a los reporteros que la acompañaran hasta su vehículo. El palacio presidencial indicó el viernes que respetaba la decisión judicial, mientras que el Departamento de Justicia reiteró su compromiso con el Estado de derecho.
El procedimiento penal profundiza el enfrentamiento político entre dos familias que unieron fuerzas para ganar las elecciones de 2022. Marcos y Duterte compartieron candidatura, pero después se convirtieron en rivales. La Cámara de Representantes, dominada por aliados de Marcos, sometió a Duterte a juicio político en mayo por alegaciones que incluyen uso indebido de fondos confidenciales, riqueza no explicada y las mismas amenazas. El Senado abrió en julio el juicio político televisado, un proceso separado de la causa penal.
El caso también afecta a las elecciones presidenciales de 2028, cuando Marcos deberá dejar el cargo al concluir su mandato de seis años. Associated Press indicó que una condena podría inhabilitar permanentemente a Duterte para ocupar cargos públicos e impedirle buscar la presidencia, aunque el tribunal todavía no ha decidido sobre su culpabilidad. La fianza elimina el riesgo inmediato de detención por esta orden, pero siguen abiertos tanto su defensa frente a los tres cargos como el proceso político paralelo que definirá su futuro.
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