Decenas de miles de refugiados rohinyás se manifestaron el martes en los campamentos de Cox's Bazar, Bangladesh, para exigir un regreso seguro y digno a Myanmar, nueve años después de la campaña militar que provocó un éxodo masivo desde el estado de Rakáin. Associated Press informó de concentraciones en decenas de asentamientos, donde los organizadores reclamaron ciudadanía, seguridad, justicia y libertad de movimiento antes de iniciar cualquier repatriación.
El aniversario recuerda la huida de más de 700.000 rohinyás después de que las fuerzas de seguridad de Myanmar iniciaran operaciones en agosto de 2017 tras los ataques de un grupo insurgente rohinyá. Los sobrevivientes denunciaron asesinatos, violencia sexual y destrucción de aldeas. Myanmar sostiene que la campaña fue una operación antiterrorista, mientras que funcionarios de Naciones Unidas y distintos gobiernos la han descrito como limpieza étnica o genocidio.
Bangladesh alberga ahora a cerca de 1,2 millones de rohinyás, la mayoría en los congestionados asentamientos de Ukhiya y Teknaf, en el distrito de Cox's Bazar, según cifras citadas por medios regionales e internacionales. Más de tres cuartas partes de la población refugiada son mujeres y niños. Dos intentos anteriores de repatriación fracasaron porque los refugiados consideraron inseguro Rakáin y no vieron garantizados sus derechos; Bangladesh afirma que no obligará a nadie a regresar.
La posibilidad de retorno se complicó aún más desde el golpe militar de 2021 y la expansión de la guerra civil en Myanmar. El Ejército de Arakán tomó gran parte de Rakáin durante sus combates contra las fuerzas gubernamentales, y la nueva violencia desplazó a más rohinyás. Sus representantes sostienen que un plan creíble debe permitir que las familias vuelvan a sus comunidades originales con ciudadanía, protección, derechos fundamentales y rendición de cuentas por los abusos.
Las condiciones en Bangladesh también empeoran por la caída del apoyo de los donantes. Al Jazeera señaló que el llamamiento humanitario reajustado para 2026 se redujo un 26 %, hasta 710,5 millones de dólares, y se concentró en las necesidades vitales más urgentes. Los recortes afectan la alimentación, la educación y la protección, mientras continúan los viajes peligrosos por el golfo de Bengala y el mar de Andamán de quienes buscan seguridad y oportunidades.
Los esfuerzos jurídicos y diplomáticos internacionales siguen sin resolverse. La Corte Internacional de Justicia celebró audiencias en enero por la demanda de Gambia, que acusa a Myanmar de violar la Convención sobre el Genocidio, pero todavía no ha emitido una sentencia definitiva. Dieciséis misiones diplomáticas en Daca respaldaron esta semana el derecho de retorno, y los manifestantes pidieron garantías verificables de seguridad y derechos antes de que la crisis entre en su segunda década.
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