Un tribunal surcoreano condenó al expresidente Yoon Suk Yeol a cinco años de prisión el 16 de enero de 2026, marcando el primer veredicto en ocho juicios penales derivados de su fallido intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. El Tribunal Central del Distrito de Seúl declaró culpable al exfiscal de 65 años de movilizar el servicio de seguridad presidencial para impedir que las autoridades ejecutaran una orden de arresto para investigarlo por su declaración de ley marcial.
El juez Baek Dae-hyun emitió el fallo en un procedimiento televisado, declarando que imponer un castigo severo era necesario porque Yoon no ha mostrado arrepentimiento y solo ha repetido excusas difíciles de comprender. El juez enfatizó que restaurar los sistemas legales dañados por las acciones de Yoon era esencial para las instituciones democráticas de la nación. Yoon también fue declarado culpable de falsificar documentos oficiales y de no seguir el proceso legal requerido para la ley marcial, que exige discusión en una reunión formal del gabinete.
La condena representa una dramática caída en desgracia para el exlíder que brevemente sumió a Corea del Sur en el caos político cuando declaró la ley marcial sin justificación adecuada a finales de 2024. Su intento de suspender el parlamento e imponer el gobierno militar duró solo horas antes de ser revocado, pero el incidente desencadenó una crisis constitucional que finalmente lo obligó a dejar el cargo y llevó a su arresto.
En un juicio separado y más serio, los fiscales han solicitado la pena de muerte para Yoon por cargos de orquestar una insurrección. Los expertos legales sugieren que aunque es poco probable que el tribunal imponga la pena capital, una cadena perpetua o una condena de 30 años o más sigue siendo posible. Corea del Sur ha mantenido una moratoria de facto sobre las ejecuciones desde 1997, haciendo altamente improbable la implementación real de una sentencia de muerte.
El equipo de defensa de Yoon anunció inmediatamente después del fallo que apelarían el veredicto. Corea del Sur tiene una notable historia de indultar a expresidentes encarcelados por diversos delitos en nombre de promover la unidad nacional.