El ministro español de Transportes, Óscar Puente, anunció su dimisión en Madrid el 3 de noviembre, seis días después de que una colisión ferroviaria cerca de Urda dejara 69 muertos, según Reuters y EFE. Ante la Diputación Permanente del Congreso, afirmó que dos catástrofes de esa gravedad en menos de un año hacían insostenible su continuidad. Su salida precede a las elecciones generales del 29 de noviembre.
Según EFE, Puente también anunció que no se presentará a esos comicios. Describió su decisión como un acto de responsabilidad política y empatía con las víctimas, con independencia de su posible responsabilidad directa en los accidentes. Reuters informó de que dijo haber decidido marcharse tras la última colisión, pero permaneció para organizar la respuesta de emergencia y las primeras medidas de seguridad e indemnización.
EFE señaló que el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco exigieron su dimisión, mientras la portavoz parlamentaria de Sumar pidió su salida después de ofrecer las explicaciones necesarias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agradeció a Puente su trabajo y elogió su sentido de la responsabilidad política, según Reuters. El anuncio sitúa la rendición de cuentas en la campaña electoral.
Horas antes, el 3 de noviembre, el Gobierno aprobó 30 millones de euros en ayudas directas y anticipos de indemnizaciones para las víctimas y sus familiares, según su comunicado oficial. La mitad se destina a ayudas directas y la otra a anticipos del seguro de responsabilidad civil. El Ejecutivo explicó que el sistema permite prestar apoyo antes de que concluyan los procedimientos administrativos y judiciales, con oficinas que ayudan a tramitar solicitudes.
El Gobierno también anunció procedimientos de control reforzados, incluida la revisión de un segundo controlador humano cuando no estén disponibles los sistemas de bloqueo automático. La línea Madrid–Sevilla tendrá menos frecuencias tras su reapertura hasta finalizar una revisión de seguridad y mejoras de señalización. La portavoz Elma Saiz reconoció el derecho ciudadano a recibir respuestas, aunque algunas dependerán del avance de la investigación judicial.
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