La fiscalía de Taiwán anunció el lunes 24 de agosto la imputación de nueve personas, entre ellas empleados de Nvidia y Super Micro, por una presunta operación para exportar ilegalmente servidores avanzados de inteligencia artificial a China. Según Reuters y la Fiscalía del Distrito de Keelung, el caso se centra en equipos de alta gama fabricados por Super Micro y dotados de procesadores Nvidia sujetos a controles de exportación de Estados Unidos.
Ocho acusados, incluido un empleado de la filial taiwanesa de Nvidia y dos de la unidad local de Super Micro, afrontan cargos por abuso de confianza y falsificación documental, indicaron los fiscales. Una novena persona fue acusada en un caso relacionado con el supuesto desvío de fondos de un distribuidor participante. Las autoridades no publicaron los nombres completos y las acusaciones deberán probarse ante un tribunal.
Los fiscales sostienen que el plan incluyó pedidos de 130 servidores B300 que los documentos presentaban como destinados a un centro de datos alquilado en Taiwán. Los investigadores alegan que registros falsos sobre el usuario final ocultaron el destino real. De ese total, 74 servidores llegaron a clientes en China mediante envíos directos o rutas que pasaron por Indonesia, Japón y Hong Kong, informaron Reuters y Taipei Times.
Los otros 56 servidores iban a exportarse a una empresa de Japón, pero los agentes de aduanas taiwaneses detectaron irregularidades y detuvieron el envío, según la fiscalía. CNA informó que 50 de los 74 equipos entregados transitaron por Indonesia, ocho por Japón y el resto llegó directamente a China. La acusación afirma que los implicados conocían los estrictos controles internos de exportación de ambas compañías.
Washington restringe desde 2022 la venta a China, sin licencia, de los semiconductores de IA más avanzados. Taiwán, el principal centro mundial de fabricación de chips avanzados, también reforzó sus controles para impedir que tecnología y conocimientos sensibles lleguen a China. Nvidia y Super Micro no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters, y la fiscalía no acusó a las propias empresas en los cargos anunciados.
Las imputaciones convierten una investigación de varios meses sobre un posible desvío en un proceso penal formal y muestran la dificultad de aplicar los controles cuando los procesadores se integran en sistemas completos. El tribunal determinará la responsabilidad individual, mientras aduanas y proveedores tecnológicos probablemente revisarán con mayor rigor los documentos de usuario final, las rutas de tránsito y la supervisión de distribuidores.
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