La administración del presidente Donald Trump pidió el viernes al Tribunal Supremo de Estados Unidos que permita continuar la construcción de un salón de baile de 400 millones de dólares en la Casa Blanca mientras apela una orden que bloquea las obras sobre el terreno. El procurador general D. John Sauer solicitó una suspensión de emergencia, y el presidente del tribunal, John Roberts, dio hasta el martes al grupo conservacionista que impugna el proyecto para responder.
La petición sigue a una decisión por dos votos contra uno del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia que confirmó una orden judicial preliminar. La mayoría determinó que el poder ejecutivo no podía construir de forma unilateral el edificio de 90.000 pies cuadrados, unos 8.400 metros cuadrados, sin autorización del Congreso. El salón se levanta donde estaba el Ala Este antes de que Trump ordenara su demolición el otoño pasado.
La orden afecta únicamente a la construcción sobre el nivel del suelo. El juez federal Richard Leon permitió los trabajos subterráneos, incluidos refugios, instalaciones militares y centros médicos vinculados con la seguridad presidencial. El tribunal de apelaciones aplazó durante dos semanas, hasta el 21 de agosto, la entrada en vigor de su fallo para dar tiempo al Gobierno a solicitar la intervención del Supremo.
En su escrito, la administración describió el conjunto como un complejo militar integrado con un salón seguro y sostuvo que detener las obras perjudicaría la seguridad nacional. También afirmó que unos 400 millones de dólares en donaciones privadas hacían innecesarios los fondos públicos. El National Trust for Historic Preservation cuestiona la autoridad legal del Gobierno, mientras legisladores demócratas alegan que 350 millones procedentes de una ley fiscal podrían haberse desviado a obras de seguridad. El Congreso rechazó en mayo una petición administrativa de 1.000 millones para el salón.
La mayoría del tribunal de apelaciones indicó que el litigio trata de quién tiene potestad para aprobar la estructura, no de si el salón resulta conveniente. Concluyó que las obras no podían seguir durante el proceso sin consentimiento legislativo. La jueza Neomi Rao discrepó al considerar que el grupo conservacionista carecía de legitimación y que el tribunal inferior había antepuesto las preocupaciones estéticas de una visitante a los intereses de seguridad del Gobierno. La administración repitió ese argumento ante el Supremo.
Los magistrados aún no han decidido si pausarán la orden ni si revisarán finalmente el fondo del caso. El plazo del martes fijado por Roberts marca el próximo paso inmediato, y el tribunal podría emitir una medida administrativa temporal mientras analiza la solicitud. El resultado determinará si la construcción sobre el terreno puede continuar durante la apelación y podría aclarar el límite entre el control presidencial del complejo de la Casa Blanca y la autoridad del Congreso sobre las obras federales.
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