El presidente Donald Trump elevó su nuevo arancel global del 10 al 15 por ciento el 21 de febrero, intensificando una confrontación constitucional con el poder judicial sobre las facultades presidenciales en materia comercial. La medida se produjo apenas un día después de que Trump firmara un recargo del 10 por ciento sobre las importaciones mundiales, y pocos días después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos anulara sus aranceles anteriores en un fallo histórico por seis votos contra tres, determinando que el presidente había violado la ley federal al imponer barreras comerciales unilaterales sin la aprobación del Congreso.
La Corte Suprema dictaminó que Trump había excedido su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para justificar aranceles globales generalizados. La opinión mayoritaria sostuvo que la facultad de imponer impuestos y derechos aduaneros corresponde exclusivamente al Congreso según la Constitución. En una decisión por seis votos contra tres, los magistrados determinaron que la administración había invocado indebidamente los poderes de emergencia para eludir los procesos legislativos establecidos para definir la política comercial.
En respuesta directa al fallo, Trump recurrió a un mecanismo legal diferente. Invocó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que otorga al presidente la facultad de imponer un recargo temporal sobre las importaciones de hasta el 15 por ciento durante un máximo de 150 días para abordar déficits en la balanza de pagos. Trump firmó primero una orden ejecutiva el 20 de febrero estableciendo un arancel global del 10 por ciento bajo esta disposición, y luego lo elevó al máximo permitido del 15 por ciento al día siguiente, declarando el aumento efectivo de manera inmediata.
Los mercados financieros reaccionaron con fuerza ante la escalada arancelaria. El Bitcoin se desplomó más del 5 por ciento tras el anuncio, cayendo de aproximadamente 67.600 dólares a cerca de 64.700 dólares en menos de dos horas. Los mercados bursátiles globales también retrocedieron, con socios comerciales de todo el mundo expresando su preocupación por el posible impacto en el comercio internacional. Los economistas advirtieron que los aranceles podrían provocar un aumento de los precios al consumidor y alterar las cadenas de suministro en múltiples industrias.
Una encuesta de Washington Post-ABC News-Ipsos publicada en medio de la turbulencia comercial revela que seis de cada diez estadounidenses desaprueban el desempeño general de Trump, y las mayorías consideran que el presidente ha sobrepasado la autoridad de su cargo. La encuesta refleja una creciente inquietud pública ante el enfoque de la administración respecto al poder ejecutivo, particularmente en asuntos económicos que afectan directamente los presupuestos familiares.
Expertos legales han planteado interrogantes sobre si los nuevos aranceles impuestos bajo la Sección 122 también enfrentarán impugnaciones judiciales. Algunos constitucionalistas han señalado que la ley de 1974 estaba diseñada para ajustes comerciales específicos y temporales, no para aranceles globales de amplio alcance, y que utilizarla para sustituir gravámenes ya anulados por la Corte Suprema podría generar nuevos litigios. Analistas en derecho comercial sugirieron que las industrias afectadas y los gobiernos extranjeros podrían presentar recursos legales en las próximas semanas.
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