Veintiún estados de Estados Unidos, junto con gobiernos locales y el gobernador de Pensilvania, impugnaron el 1 de octubre la decisión de la Agencia de Protección Ambiental, conocida como EPA, de retirar límites federales de carbono para centrales eléctricas de carbón y gas. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabeza la coalición, que pidió al tribunal federal de apelaciones del Distrito de Columbia que anule la decisión.
La disputa se centra en las normas de contaminación por carbono de 2024, que exigían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a muchas grandes centrales de combustibles fósiles. La EPA aprobó una retirada parcial el 14 de septiembre y, por separado, propuso eliminar las normas federales restantes para las centrales. El recurso judicial se refiere a la retirada ya aprobada; la propuesta más amplia todavía no es definitiva.
La coalición sostiene que la EPA abandonó los límites sin examinar suficientemente otras opciones ni calcular los costes sanitarios y climáticos de una mayor contaminación. Según la oficina de la fiscal general de Nueva York, las centrales generan cerca de una cuarta parte de las emisiones de dióxido de carbono del país. Los estados afirman que la retirada podría elevar las emisiones y agravar el calor, las inundaciones y el humo de los incendios.
La EPA discrepa de esa valoración. Al anunciar la retirada, afirmó que los requisitos de 2024 dependían de una tecnología de control del carbono no demostrada suficientemente a la escala necesaria y podían obligar al cierre de instalaciones. La agencia calcula que la medida ahorrará hasta 310.000 millones de dólares en toda la economía. Un portavoz dijo a Associated Press que la EPA no comenta litigios pendientes.
Además de presentar el recurso, la coalición notificó a la EPA su intención de demandarla por la falta de límites de gases de efecto invernadero para muchas centrales de gas ya existentes. La oficina de James señaló que algunas funcionan en momentos de máxima demanda eléctrica y se ubican en comunidades que ya soportan una elevada contaminación. Esa notificación constituye una acción distinta de la impugnación de la retirada de septiembre.
El tribunal de apelaciones deberá evaluar si la EPA cumplió la Ley de Aire Limpio y las exigencias administrativas al retirar las normas de 2024. Su fallo podría determinar si se restablecen los límites anulados. Mientras tanto, la propuesta independiente de eliminar las normas restantes para las centrales seguirá su propio procedimiento regulatorio.
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