El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el 27 de octubre restablecer una norma que permitía a los jueces de inmigración pausar ciertos procedimientos de deportación, según Reuters y AP. La decisión mantiene el acuerdo entre Texas y la Administración Trump que bloquea la regulación de la era Biden mientras continúa el litigio.
Baltimore, New Haven y Columbus, junto con Centro Legal de la Raza, solicitaron una medida urgente para defender esa política. Según el New York Times, el tribunal emitió una orden de una sola frase sin explicar sus razones y ningún juez expresó públicamente su disenso. Negar la suspensión provisional no constituye una decisión definitiva sobre el fondo de la disputa.
El procedimiento, denominado cierre administrativo, permite retirar casos del registro activo mientras siguen pendientes otros trámites, como solicitudes de visado. Reuters informó de su utilización en cientos de miles de casos durante décadas. La Administración Biden lo formalizó en 2024, argumentando que favorecía la gestión eficiente de los expedientes y un trato justo a los inmigrantes.
Texas impugnó la regulación el 22 de junio y el Gobierno federal aceptó ese mismo día una sentencia que la invalidaba, según Reuters. El juez Reed O’Connor aprobó el acuerdo. Los recurrentes alegaron que ambas partes colaboraron para eludir el proceso público de elaboración de normas. Texas sostuvo que el mecanismo permitía a personas sin estatus legal quedarse indefinidamente, argumento rechazado por sus defensores.
En su escrito al Supremo, el Departamento de Justicia sostuvo que las ciudades y la organización carecían de legitimación y no habían demostrado daños irreparables durante la apelación. Las ciudades alegaron que eliminar el procedimiento aumentaría las expulsiones y perjudicaría los ingresos locales y la labor policial; la organización señaló presión sobre sus recursos. Son afirmaciones de las partes. Tras denegarse la medida urgente, la norma sigue bloqueada mientras continúa la impugnación.
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