La Corte Suprema de Estados Unidos permitió provisionalmente el viernes 25 de septiembre que el Gobierno de Donald Trump reanude su sistema ampliado para comprobar la ciudadanía de los votantes. La orden suspende una decisión de un tribunal inferior que había bloqueado la versión modificada de la base federal SAVE. Los estados podrán volver a usarla para revisar registros electorales mientras se tramita una apelación, según el tribunal.
El Departamento de Seguridad Nacional amplió SAVE en 2025 después de que Trump ordenara a las agencias federales ayudar a las autoridades estatales y locales a verificar la ciudadanía de personas inscritas o que solicitan inscribirse. La versión nueva consulta datos de la Administración del Seguro Social y permite buscar múltiples nombres a la vez. Antes, SAVE se utilizaba principalmente para comprobar expedientes migratorios vinculados a prestaciones públicas, explicaron los jueces.
La mayoría de la Corte consideró probable que la legislación federal de inmigración permita el intercambio de información cuestionado, pese a los argumentos de los demandantes basados en leyes de privacidad y seguridad social. Por ello suspendió la orden de un tribunal de distrito del 22 de junio que había anulado los cambios. Tres magistradas discreparon, y el litigio principal sigue pendiente.
La Liga de Mujeres Votantes, el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica y varios electores impugnaron el sistema. Sostienen que los datos inexactos podrían señalar erróneamente a votantes habilitados, incluidos ciudadanos naturalizados. La Corte reconoció que el registro del Seguro Social de una demandante no reflejaba su naturalización y que podría exigírsele documentación adicional.
El Gobierno sostiene que SAVE ayuda a los estados a detectar a no ciudadanos en los padrones. Según informó Associated Press, cada estado decide si utiliza la herramienta y las normas federales restringen las bajas sistemáticas de votantes cerca de unas elecciones. La resolución no obliga por sí sola a modificar los procedimientos estatales ni autoriza una depuración nacional inmediata.
La decisión llega antes de las elecciones legislativas de noviembre, en medio del debate sobre la elegibilidad electoral y el acceso federal a datos personales. El tribunal de apelaciones continuará examinando el caso de fondo. La suspensión seguirá vigente conforme a los términos fijados por la Corte Suprema mientras avance ese proceso; la legalidad definitiva del sistema ampliado aún no está resuelta.
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