El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó el jueves por seis votos contra tres que el presidente Donald Trump excedió su autoridad constitucional al imponer aranceles masivos sobre las importaciones de todo el mundo utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, asestando un golpe histórico a la política económica insignia del presidente. El presidente del Tribunal, John Roberts, al redactar la opinión mayoritaria, declaró que Trump se había atribuido un poder extraordinario para imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados, sin señalar ninguna ley que le otorgara claramente dicha autoridad.
El fallo anuló los aranceles impuestos a decenas de países, incluyendo tasas de hasta el 145 por ciento sobre productos chinos, del 25 al 35 por ciento sobre importaciones canadienses y mexicanas, y una tasa base del 10 por ciento para la mayoría de las demás naciones. La administración Trump había justificado las medidas declarando los desequilibrios comerciales persistentes y el flujo de fentanilo como emergencias de seguridad nacional bajo la ley IEEPA de 1977. Roberts rechazó este argumento, escribiendo que cuando el Congreso otorga el poder de imponer aranceles, lo hace de manera clara y con restricciones cuidadosas. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh emitieron votos disidentes.
Pocas horas después del fallo, Trump arremetió contra los seis magistrados que votaron en su contra, calificándolos de vergüenza en su plataforma Truth Social. El presidente anunció entonces que había firmado una orden ejecutiva desde el Despacho Oval imponiendo un nuevo arancel global del 10 por ciento sobre todos los países, citando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 como su fundamento jurídico. Esta disposición, diseñada para abordar déficits comerciales, permite al presidente imponer aranceles por un máximo de 150 días, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad a largo plazo de la nueva política comercial.
La decisión ha generado una incertidumbre significativa respecto a más de 130 mil millones de dólares en ingresos arancelarios recaudados por el gobierno bajo el marco IEEPA ahora invalidado. El juez Kavanaugh advirtió en su voto disidente que los importadores podrían tener derecho a reembolsos, aunque el tribunal no ofreció orientación sobre el mecanismo ni el plazo para tales restituciones. Los expertos jurídicos han señalado que la cuestión de los reembolsos podría generar años de litigios y que los consumidores y empresas estadounidenses que asumieron el costo de los aranceles a través de precios más altos podrían no recuperar jamás esas pérdidas.
La nueva tasa uniforme del 10 por ciento reemplaza efectivamente la estructura arancelaria escalonada anterior, lo que significa cambios significativos para algunos países. China, que enfrentaba aranceles de hasta el 145 por ciento, vería una reducción drástica. Por el contrario, la Unión Europea, que había negociado una tasa del 15 por ciento como parte de un acuerdo comercial, podría ahora enfrentar una tasa inferior del 10 por ciento. Los analistas comerciales han advertido que el límite de 150 días de los aranceles de la Sección 122 obligará a la administración a buscar una autoridad legal alternativa o la acción del Congreso.
Los mercados financieros globales reaccionaron con volatilidad ante los desarrollos simultáneos del fallo judicial y el anuncio de los nuevos aranceles. La decisión representa el control judicial más significativo sobre la autoridad presidencial en materia comercial en décadas y ha provocado llamamientos de ambos partidos en el Congreso para reafirmar el control legislativo sobre la política arancelaria. Los economistas han advertido que la turbulencia continua en la política comercial sigue pesando sobre las decisiones de inversión y la planificación logística de las empresas que operan a nivel internacional.
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