El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., afirmó el lunes que las autoridades habían recuperado, congelado o preservado casi 25.000 millones de pesos en dinero y activos vinculados con acusados por el escándalo de corrupción en proyectos de control de inundaciones. En su quinto discurso sobre el estado de la nación ante el Congreso, en Quezon City, dijo que más de 800 millones de pesos ya habían regresado al Tesoro y prometió que cualquier recuperación adicional volvería a los fondos públicos.
Marcos señaló que contratistas, altos funcionarios de Obras Públicas y legisladores figuraban entre las primeras personas procesadas y detenidas tras las investigaciones sobre proyectos defectuosos, ficticios o con sobreprecio. Atribuyó la continuación de los procesos al Defensor del Pueblo y a un Servicio Nacional de Fiscalía reforzado. Según el discurso, un portal de transparencia, un sistema de vigilancia de integridad y la participación de organizaciones civiles supervisarán los proyectos y presupuestos.
El presidente también relacionó la campaña anticorrupción con las medidas para aliviar los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio. Aseguró que el Gobierno transfirió casi 58.000 millones de pesos adicionales a las autoridades locales, repatrió a más de 12.000 filipinos y ayudó a más de 140.000 trabajadores en el extranjero afectados por los combates. Según Marcos, la diversificación de las compras de petróleo garantizó casi dos meses de suministro pese a las alteraciones alrededor del estrecho de Ormuz.
Entre las medidas descritas figuran una suspensión de tres meses de los impuestos especiales sobre el gas licuado de petróleo y el queroseno, límites al aumento del precio del arroz importado y prórrogas para pagar préstamos. Marcos pidió además al Congreso apoyar planes de transporte e infraestructura, incluidos nuevos servicios ferroviarios, centros de evacuación más resistentes y un código de construcción actualizado. Añadió que el dinero protegido de las redes corruptas se redirigió a educación, alimentación y salud.
El discurso se produjo bajo una intensa presión política. Associated Press informó que más de 23.000 policías vigilaban la zona mientras se congregaban manifestantes, en un momento en que el escándalo afecta a funcionarios y aliados presidenciales. La vicepresidenta Sara Duterte, antigua aliada de Marcos, afronta por separado un juicio político y niega las acusaciones. A Marcos le quedan dos años de su único mandato de seis años, por lo que la aplicación de sus anuncios y las decisiones judiciales independientes serán pruebas decisivas.
Marcos también reafirmó que Filipinas defenderá por medios pacíficos y legales el fallo arbitral vinculante de 2016 sobre el mar de China Meridional. El Gobierno quedará ahora bajo escrutinio para demostrar que los activos recuperados llegan al Tesoro, que cualquier nueva acusación se apoya en pruebas y que las medidas de alivio e infraestructura anunciadas reducen los costos y mejoran los servicios públicos.
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