El representante republicano Thomas Massie presentó ocho cargos de juicio político contra el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en Washington el 15 de septiembre, acusándolo de abusar de su autoridad en la guerra de Irán. Reuters y la oficina de Massie informaron de la iniciativa, que cuestiona a un alto funcionario de Trump desde el propio partido del presidente.
Según el comunicado oficial de Massie, tres cargos alegan infracciones de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973. Sostiene que Hegseth mantuvo las hostilidades sin autorización del Congreso durante más de 90 días y desoyó la orden de retirada de los legisladores. Son alegaciones de una propuesta de juicio político, no conclusiones de un tribunal.
Los otros cinco cargos se refieren a la protección de civiles, ataques mortales contra presuntos narcotraficantes, supuestas represalias contra el senador Mark Kelly por sus declaraciones, la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela y operaciones militares en Yemen, según su oficina. NPR informó de que Massie leyó las acusaciones ante la Cámara.
El Pentágono defendió a Hegseth. La portavoz Kingsley Wilson afirmó que el departamento respaldaba su liderazgo y seguiría dando prioridad a los militares estadounidenses y al país, según Reuters. NPR informó de que la administración sostiene que el conflicto con Irán era necesario para impedir que Teherán adquiriera un arma nuclear.
Reuters consideró poco probable que prospere la resolución, pero señaló que podría revelar divisiones republicanas antes de las elecciones del 3 de noviembre. Massie no busca la reelección tras perder las primarias ante un rival respaldado por Trump. NPR indicó que los republicanos tienen, en principio, votos suficientes para rechazarla, aunque la decisión podría ser difícil para quienes compiten en distritos disputados.
Reuters explicó que el carácter privilegiado de la resolución exige actuar en dos días legislativos. Los líderes podrían pedir una votación para archivarla, según Axios. NPR señaló que los legisladores deben actuar a más tardar el jueves, previo a un receso que terminará después de las elecciones. El siguiente paso será, por tanto, una prueba procesal y política en la Cámara, sin un desenlace aún establecido sobre el juicio político.
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