El Parlamento de Moldavia votó el martes 22 de septiembre a favor de un estado de emergencia nacional de 60 días para el agua y la energía, ante la caída del caudal de los ríos por la sequía y la presión de los precios energéticos. La propuesta obtuvo 54 votos a favor y 20 en contra y entrará en vigor el 26 de septiembre, según Reuters y AP. Dará al Gobierno más capacidad para responder con rapidez si se interrumpe el suministro.
El Ministerio de Medio Ambiente afirma que Moldavia padece un grave déficit hídrico en los ríos Dniéster y Prut, que abastecen a las ciudades y sostienen servicios esenciales. El Dniéster es una fuente principal de agua potable. Los bajos niveles podrían afectar a las instalaciones de captación y las redes de distribución, mientras que el invierno próximo elevará la demanda de energía importada.
Según el ministerio, durante los primeros 20 días de septiembre entraron en el embalse ucraniano de Novodnistrovsk unos 23 metros cúbicos de agua por segundo en promedio, mientras salían río abajo cerca de 60 metros cúbicos por segundo. Las reservas siguieron disminuyendo y las lluvias recientes no mejoraron de forma sustancial el aporte desde la cuenca alta del río, situada en Ucrania.
El primer ministro Vasile Tofan dijo ante los diputados que la sequía, los conflictos regionales y las tensiones del mercado energético constituyen riesgos simultáneos. Moldavia importa buena parte de su energía y, según Reuters, Tofan pidió facultades para mantener reservas e importar combustible antes de que aparezca una escasez. La oposición cuestionó la medida durante el debate por considerar que debilitaría el control del Ejecutivo.
El Ministerio de Medio Ambiente subrayó que la declaración de emergencia no implica por sí sola un corte del agua. Las nuevas facultades permiten aplicar medidas temporales, si hacen falta, para proteger las fuentes y mantener el abastecimiento de los hogares. Las autoridades vigilan los caudales y las reservas, retiran obstáculos ilegales de los cauces y actualizan la información sobre fuentes alternativas.
Las autoridades han pedido a hogares y empresas reparar fugas, evitar usos innecesarios y ahorrar agua potable. El actual régimen de alerta en los sectores hídrico y energético termina el 25 de septiembre. Desde el día siguiente, el Gobierno dispondrá de 60 días para actuar con mayor rapidez si empeoran los niveles de los ríos o el suministro energético; cualquier restricción dependerá de la evolución real y no será automática tras la votación.
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