El Senado de los Estados Unidos rechazó el 4 de marzo una resolución que habría ordenado la retirada de las fuerzas armadas estadounidenses de las hostilidades con Irán, profundizando la división política en torno al conflicto mientras una encuesta de CNN publicada días antes revelaba que cerca del 60 por ciento de los estadounidenses desaprueba la acción militar. La votación puso de manifiesto las tensiones entre los legisladores que apoyan la campaña de la administración y quienes argumentan que el presidente ha excedido su autoridad constitucional al librar una guerra sin la autorización explícita del Congreso. Ocho militares estadounidenses han perdido la vida hasta el momento en el conflicto, y los funcionarios de defensa han proyectado que la campaña podría durar un mínimo de cuatro a cinco semanas, y posiblemente mucho más.
El presidente Trump ha adoptado una posición inflexible, declarando que no aceptará nada menos que la rendición incondicional de Irán y negándose a participar en cualquier negociación más allá de los términos de capitulación. A cambio, el mandatario ha prometido ayudar a reconstruir la economía iraní una vez lograda la rendición, presentando la oferta como un gesto de buena voluntad estadounidense. La posición de la administración ha generado fuertes críticas por parte de los legisladores demócratas, quienes advierten que la exigencia de rendición incondicional prolonga el conflicto y aumenta el riesgo de bajas estadounidenses. El canciller alemán Friedrich Merz viajó a Washington y se reunió con Trump en la Oficina Oval para discutir el desenlace de la guerra, mientras que el primer ministro británico Keir Starmer conversó con el presidente el 8 de marzo sobre la cooperación militar a través de las bases de la Real Fuerza Aérea en la región.
Las repercusiones económicas del conflicto se han convertido en un tema central de la política interior estadounidense. Los precios del petróleo, que se situaban en aproximadamente 67 dólares por barril antes del inicio de las hostilidades, han superado los 116 dólares, incrementando drásticamente los costos para los consumidores en las gasolineras y elevando los precios en toda la cadena de suministro. El informe de empleo de febrero asestó otro golpe significativo, revelando una pérdida de 92.000 puestos de trabajo frente a una creación esperada de 50.000, constituyendo una de las peores cifras de empleo de los últimos años. Los demócratas se han aferrado a estos números, argumentando que la guerra está socavando directamente la estabilidad financiera de los estadounidenses comunes y posicionando las preocupaciones sobre el costo de vida como su mensaje principal de cara a las elecciones legislativas de 2026.
Las maniobras políticas se extienden mucho más allá del debate inmediato sobre la guerra. El presidente Trump ha estado presionando a los senadores republicanos para que abandonen la obstrucción legislativa con el fin de aprobar la Ley SAVE American Act, una legislación que los principales líderes demócratas han calificado como el equivalente moderno de las leyes de supresión del voto de la era Jim Crow. El impulso para eliminar el umbral de 60 votos necesarios para avanzar con la legislación representa una escalada significativa en la batalla institucional entre ambos partidos y podría reconfigurar el equilibrio de poder en Washington durante los próximos años.
Mientras tanto, las agencias de inteligencia estadounidenses ya están mirando más allá del campo de batalla. Según informes, la Agencia Central de Inteligencia ha iniciado conversaciones con grupos kurdos iraníes sobre posibles escenarios políticos que podrían desarrollarse si el régimen actual en Teherán colapsa. Estas conversaciones sugieren que partes del gobierno estadounidense se están preparando para un panorama posterior al conflicto incluso mientras la campaña militar continúa, planteando interrogantes sobre el compromiso estadounidense a largo plazo y el alcance de cualquier esfuerzo de reconstrucción futuro.
Los demócratas confían cada vez más en que la frustración pública con la guerra y la economía se traducirá en avances electorales en las elecciones de medio término de 2026. Los estrategas del partido están centrando sus campañas en la asequibilidad, señalando el aumento vertiginoso de los costos energéticos y el débil informe de empleo como evidencia de que las políticas actuales están fallando a las familias trabajadoras. El partido aspira a obtener la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, argumentando que los votantes responsabilizarán al partido gobernante por el dolor económico que ha acompañado la campaña militar en Irán. La convergencia de un costoso conflicto exterior, indicadores económicos en deterioro y feroces batallas partidistas ha creado uno de los entornos políticos más volátiles en la historia reciente de Estados Unidos.
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