La administración Trump pidió el lunes 27 de julio a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita aplicar partes esenciales de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que restringe el voto por correo mientras continúa el litigio. La solicitud de emergencia busca suspender fallos de tribunales inferiores que bloquearon las medidas en 23 estados y el Distrito de Columbia antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que estará en juego el control del Congreso.
La orden firmada por Trump el 31 de marzo encarga al Departamento de Seguridad Nacional, junto con la Administración del Seguro Social, elaborar listas estatales de ciudadanos estadounidenses adultos cuya ciudadanía esté confirmada. También instruye al Servicio Postal para preparar normas que permitan enviar papeletas postales y de voto ausente solo a electores habilitados incluidos en las listas de participación de cada estado, mediante sobres seguros y códigos de barras de seguimiento. La Casa Blanca presenta las medidas como salvaguardas de la integridad electoral frente al voto ilegal de personas no ciudadanas.
Funcionarios demócratas de los 23 estados y Washington presentaron una demanda ante un tribunal federal de Massachusetts. Sostienen que la Constitución asigna principalmente a los estados la administración electoral y concede al Congreso la facultad de imponer normas nacionales, sin otorgar al presidente poder para ordenar unilateralmente estos cambios. La jueza federal Indira Talwani aceptó ese argumento en junio y prohibió aplicar las disposiciones sobre listas de ciudadanía y papeletas por correo en las jurisdicciones demandantes durante los comicios de 2026.
Un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito se negó durante el fin de semana a suspender la orden de Talwani. La mayoría concluyó que introducir el sistema mientras se prepara la votación de otoño podría generar confusión y amenazar con privar del voto a electores habilitados. La prohibición solo abarca los estados y el distrito que iniciaron el caso y únicamente las elecciones de noviembre; las jurisdicciones ajenas a la demanda no quedan cubiertas por ese fallo.
El procurador general D. John Sauer dijo a los magistrados que la prohibición es prematura porque las agencias federales aún evalúan si aplicarán la política y de qué manera. Argumentó que esperar el proceso ordinario de apelación podría volver ineficaz una eventual victoria, ya que los procedimientos electorales deben quedar definidos mucho antes de votar. Los estados responden que los registros incompletos de ciudadanía y los cambios operativos tardíos podrían impedir por error que ciudadanos habilitados reciban papeletas. Datos federales citados por Associated Press muestran que cerca del 30 % de los votos de la elección presidencial de 2024 se emitieron por correo.
La Corte Suprema ordenó a los estados impugnantes responder antes de las 4 de la tarde, hora del Este, del 3 de agosto. Después, los magistrados podrán decidir si las disposiciones bloqueadas pueden operar mientras avanza la apelación general, sin resolver todavía su legalidad definitiva. La decisión fijará las reglas inmediatas para millones de posibles votantes por correo en los estados demandantes y pondrá a prueba el límite entre la autoridad presidencial y el control estatal de las elecciones a pocos meses de los comicios legislativos.
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