La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el jueves 24 de septiembre en Nueva York su primera declaración común sobre la subida del nivel del mar. El texto señala que los países pueden mantener las zonas marítimas establecidas conforme a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar pese a cambios físicos en sus costas. También respalda la continuidad de la condición de Estado y de la membresía en la ONU de los países amenazados. La Alianza de Pequeños Estados Insulares consideró el acuerdo un hito para las naciones vulnerables.
La declaración responde a una amenaza que ya afecta a islas, comunidades costeras y deltas de poca altura. Identifica el calentamiento de los océanos y el deshielo de glaciares y capas de hielo como principales causas del aumento del mar. Según el presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, la tasa media mundial pasó de 2,1 milímetros anuales entre 1993 y 2002 a 4,7 milímetros entre 2015 y 2024. Unos 900 millones de personas viven en zonas costeras bajas, añadió.
Sobre los límites marítimos, el texto acordado dice que los Estados pueden conservar zonas establecidas de acuerdo con el derecho del mar aunque cambie la línea costera, sin perder la facultad de actualizarlas. Establece además una presunción a favor de la continuidad estatal si un país pierde territorio y pide apoyo para que sus instituciones sigan funcionando. Insta a proteger los derechos de las personas afectadas por el aumento del mar y a cooperar para prestarles asistencia.
El documento reclama financiación para la adaptación más accesible y previsible en los países en desarrollo, especialmente en los pequeños Estados insulares y los países menos adelantados. Propone mejores datos sobre riesgos costeros, alertas tempranas y planificación a largo plazo. Señala que puertos, redes de agua y energía y centros sanitarios deben prepararse para cambios en el nivel del mar, y destaca la protección que ofrecen manglares, arrecifes y humedales.
El presidente de Palaos, Surangel Whipps Jr, que preside la Alianza de Pequeños Estados Insulares, celebró el lenguaje jurídico, pero subrayó que una declaración no puede detener por sí sola el aumento físico del mar. Se trata de un compromiso político: sus llamados a financiar y cooperar no asignan una nueva cantidad de dinero ni detienen las emisiones. Su efecto práctico dependerá de los gobiernos y de las instituciones internacionales.
La Asamblea General acordó convocar otra reunión de alto nivel sobre el tema antes de que termine su 84.º período de sesiones. Los Estados insulares prevén llevar el asunto a futuras conversaciones climáticas, incluidas las relativas a recortes de emisiones y financiación de la adaptación. La prueba inmediata será convertir las garantías jurídicas y los planes en apoyo efectivo para las comunidades costeras expuestas.
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