El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó una reunión de emergencia el jueves 16 de enero de 2026 para abordar las protestas mortales en Irán y las crecientes preocupaciones sobre una posible intervención militar estadounidense. La sesión, solicitada por Estados Unidos, reunió a diplomáticos de los 15 países miembros para discutir la crisis que ha cobrado miles de vidas.
El embajador estadounidense Mike Waltz lanzó una severa advertencia durante los procedimientos, enfatizando que el presidente Trump sigue comprometido con la acción en lugar de la retórica diplomática. Declaró que todas las opciones permanecen sobre la mesa para detener lo que describió como la masacre continua de manifestantes pacíficos por las fuerzas de seguridad iraníes. La administración Trump ha señalado repetidamente su disposición a considerar opciones militares si la violencia continúa.
El representante permanente adjunto de Irán ante la ONU rechazó firmemente las acusaciones contra el régimen, calificando los informes sobre fuerzas de seguridad matando manifestantes como narrativas fabricadas. El diplomático iraní afirmó que las fuerzas de seguridad estaban enfrentando células terroristas armadas con conexiones con ISIS, y advirtió que aunque Irán no busca confrontación, respondería decisivamente a cualquier agresión estadounidense. Teherán ha culpado consistentemente a fuerzas externas, particularmente a Washington, de orquestar los disturbios.
Rusia y China expresaron un fuerte apoyo a Irán durante la reunión. El embajador ruso Vassily Nebenzia declaró la solidaridad de Moscú con Teherán, afirmando que fuerzas externas hostiles están intentando explotar la situación. El representante de China hizo eco de sentimientos similares, sosteniendo que los asuntos iraníes deben ser decididos independientemente por el pueblo iraní sin interferencia extranjera.
La Secretaria General Adjunta de la ONU Martha Pobee expresó alarma por las declaraciones públicas que sugieren posibles ataques militares contra Irán, advirtiendo que tales amenazas externas añaden volatilidad a una situación ya explosiva. Los monitores de derechos humanos han documentado arrestos masivos que superan los 18.000 detenidos a mediados de enero, mientras que las estimaciones del número de muertos por la represión continúan aumentando en medio de un apagón de Internet de una semana impuesto por las autoridades.
El Consejo de Seguridad también escuchó testimonios de representantes de la sociedad civil, incluida la periodista irano-estadounidense Masih Alinejad, quien pidió acciones concretas para hacer justicia a las víctimas de la represión. Instó a la comunidad internacional a ir más allá de las declaraciones y tomar medidas significativas para responsabilizar a quienes ordenaron las masacres.
La reunión de emergencia concluyó sin una resolución unificada, destacando las profundas divisiones entre los miembros del Consejo de Seguridad sobre cómo responder a la crisis. Las naciones occidentales pidieron rendición de cuentas y protección de los manifestantes, mientras que Rusia y China bloquearon cualquier medida que pudiera verse como interferencia en los asuntos internos iraníes. La situación sigue siendo volátil mientras la comunidad internacional lidia con prioridades contrapuestas de protección de derechos humanos e intereses geopolíticos.