Un juez federal estadounidense anuló el 29 de octubre una restricción adicional a las exenciones médicas de las obligaciones laborales de Medicaid, reduciendo una barrera de cobertura para personas con enfermedades graves. El juez Richard Stearns, en Boston, determinó que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid excedieron sus atribuciones, según documentos judiciales y Associated Press.
El caso, presentado en junio por 25 estados y el Distrito de Columbia, aborda las normas que desarrollan la ley federal fiscal y de políticas de 2025. Desde el 1 de enero de 2027, los beneficiarios afectados de la ampliación de Medicaid deben cumplir generalmente 80 horas mensuales de trabajo o servicio comunitario, o estudiar al menos a media jornada. Esas obligaciones siguen vigentes.
El Congreso excluyó a varios grupos por razones médicas, incluidas personas con trastornos por consumo de sustancias, trastornos mentales incapacitantes o enfermedades graves o complejas. CMS añadió que esas condiciones debían dificultar significativamente el cumplimiento de las obligaciones laborales. Stearns concluyó que la agencia no podía restringir las categorías protegidas expresamente por el Congreso.
Una orden judicial separada anula ese texto y prohíbe aplicarlo a los estados demandantes. También impide que las autoridades federales los sancionen por errores o demoras de implementación durante seis meses desde la fecha de la orden. Esta protección afecta a las sanciones de implementación; no deroga las obligaciones laborales establecidas por ley.
Los estados no ganaron todas las impugnaciones. La resolución mantiene el límite retrospectivo de 12 meses para los datos de facturación y consultas utilizados para verificar la fragilidad médica, y una sola declaración personal por período de afiliación continua. El tribunal aceptó las explicaciones gubernamentales sobre esas disposiciones. Según AP, HHS y CMS no respondieron inmediatamente a su solicitud de comentarios.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, celebró la decisión como protección del acceso a la atención para personas con enfermedades graves y discapacidades. La oficina de su homóloga de Massachusetts señaló que las condiciones adicionales podían interrumpir la cobertura. Los estados deberán aplicar las normas restantes: el fallo elimina el criterio médico impugnado, pero conserva otros requisitos de verificación.
Comentarios