El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó en São Paulo el 25 de septiembre una medida provisional para poner fin a las apuestas de cuota fija en todo el país, según una noticia publicada por Associated Press el 26 de septiembre. La decisión abarca las apuestas deportivas y los juegos en línea, cuando se acerca una elección presidencial.
La norma prohíbe la explotación, oferta, intermediación y publicidad de esas apuestas. Según el Ministerio de Justicia brasileño, los clientes ya no pueden ingresar dinero en sus cuentas. Tienen hasta el 5 de octubre para retirar los saldos y los sitios web y aplicaciones deberán dejar de estar disponibles el 6 de octubre.
El ministerio señala que, tras el cierre, los operadores deberán comunicar a los bancos el saldo individual de cada cliente. Los bancos tienen previsto devolver los fondos pendientes entre el 9 y el 14 de octubre. Los nuevos contratos publicitarios y de patrocinio quedan prohibidos de inmediato, aunque el material contratado previamente puede mantenerse hasta el 5 de octubre. Clubes de fútbol brasileños temen perder ingresos por patrocinios, informó AP.
Brasil autorizó las apuestas deportivas de cuota fija en 2018 y aprobó en 2023 un marco para regular y gravar a los operadores. El Ministerio de Salud indica que se concedieron 85 licencias de 30 millones de reales cada una, por un total de 2.550 millones. La nueva medida extingue esas autorizaciones tras una transición y no concede indemnizaciones por negocios perdidos ni reembolsos de las tasas de licencia.
El Gobierno de Lula afirma que busca afrontar el endeudamiento familiar y los daños asociados al juego. Cita un estudio del Instituto de Estudios de Políticas de Salud que estima en 38.800 millones de reales el costo social anual del juego. Según AP, analistas calculan que los ingresos anuales de las apuestas deportivas superan los 4.000 millones de dólares. El candidato opositor Flávio Bolsonaro calificó la decisión de medida electoral, de acuerdo con la agencia.
El Ejecutivo presentó por separado al Congreso un proyecto de ley con sanciones penales propuestas para explotar o promover estas apuestas y usar datos personales para captar jugadores. Esas penas son propuestas y no forman parte de la prohibición ya vigente. El Congreso debe aprobar la medida provisional en 120 días para que siga en vigor; entretanto, autoridades y bancos deberán cerrar las plataformas y devolver el dinero a los clientes.
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