La ambiciosa iniciativa diplomática del presidente Donald Trump, la Junta de la Paz, ha presentado una controvertida estructura de membresía que exige a las naciones y entidades privadas el pago de la asombrosa suma de mil millones de dólares en efectivo para obtener asientos permanentes en la mesa. El anuncio ha generado un intenso debate entre líderes mundiales y expertos en política internacional sobre la comercialización sin precedentes de la diplomacia global.
La Junta de la Paz, que Trump preside como su líder inaugural, fue concebida originalmente como un mecanismo para supervisar los esfuerzos de reconstrucción en Gaza tras el conflicto. Sin embargo, su mandato se ha expandido significativamente desde entonces para abordar preocupaciones más amplias de paz y seguridad internacional. La junta ejecutiva incluye una poderosa lista de figuras: el secretario de Estado Marco Rubio, el desarrollador inmobiliario Steve Witkoff, el ex asesor principal Jared Kushner, el ex primer ministro británico Tony Blair, el CEO de Apollo Global Management Marc Rowan y el presidente del Banco Mundial Ajay Banga.
Bajo el nuevo marco de membresía, los países y organizaciones pueden unirse a la junta mediante un mandato estándar de tres años. Sin embargo, aquellos dispuestos a contribuir con la cuota de mil millones de dólares aseguran el estatus de membresía permanente, otorgándoles influencia continua sobre las decisiones e iniciativas de la junta. Este sistema escalonado ha atraído críticas de observadores diplomáticos que argumentan que crea una dinámica de pago por participación en las relaciones internacionales.
Varias naciones ya han recibido invitaciones formales para unirse a la Junta de la Paz, incluyendo India, Jordania, Turquía, Egipto, Hungría, Vietnam y Argentina. La diversa representación geográfica sugiere que la administración Trump busca construir una coalición que trascienda las alianzas tradicionales. Sin embargo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habría expresado su oposición a la inclusión de Turquía y Qatar, complicando los esfuerzos por lograr un consenso regional.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respaldó el marco de la Junta de la Paz en noviembre de 2025, otorgándole una legitimidad internacional significativa. Este respaldo marcó un cambio notable en cómo las instituciones diplomáticas tradicionales interactúan con enfoques más nuevos y no convencionales para la resolución de conflictos y la cooperación internacional.
Los críticos de la iniciativa argumentan que establecer un precio de mil millones de dólares para la membresía permanente socava fundamentalmente los principios de representación igualitaria en los asuntos internacionales. Sostienen que las naciones ricas y los intereses privados podrían efectivamente comprar una influencia desproporcionada sobre los procesos de paz y los esfuerzos de reconstrucción. Los defensores contraargumentan que el compromiso financiero sustancial garantiza un compromiso serio y proporciona los recursos necesarios para la ambiciosa agenda de la junta.
Mientras la Junta de la Paz continúa tomando forma, su impacto final en la diplomacia global sigue siendo incierto. Los próximos meses revelarán si este enfoque sin precedentes de la cooperación internacional puede lograr resultados significativos o si la controvertida estructura de membresía limitará su efectividad y legitimidad en el escenario mundial.