Un tribunal de Seúl condenó al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol a cadena perpetua el miércoles tras declararlo culpable de liderar una insurrección mediante su declaración de ley marcial en diciembre de 2024. El juez Jee Kui-youn del Tribunal Central de Seúl dictaminó que Yoon había movilizado fuerzas militares y policiales en un intento ilegal de apoderarse de la Asamblea Nacional liderada por la oposición liberal, detener a políticos y establecer un poder sin restricciones. El veredicto marca la primera vez en tres décadas que Corea del Sur condena a un exlíder por rebelión.
El caso se origina en el dramático discurso televisado nocturno de Yoon el 3 de diciembre de 2024, en el que declaró la ley marcial y acusó a los legisladores de la oposición de participar en actividades antiestatales y de colaborar con simpatizantes norcoreanos. Soldados armados descendieron sobre el edificio de la Asamblea Nacional en helicóptero e intentaron asaltar la cámara donde los parlamentarios se habían reunido. Sin embargo, 190 de los 300 miembros de la Asamblea Nacional lograron llegar al edificio y votaron unánimemente para revocar el decreto, obligando a Yoon a levantar la ley marcial aproximadamente seis horas después de haberla impuesto.
Los fiscales habían solicitado la pena de muerte para Yoon, argumentando que su declaración de ley marcial representaba una amenaza existencial para la democracia surcoreana y justificaba el castigo más severo previsto por la legislación. El tribunal finalmente rechazó la pena capital en favor de la cadena perpetua, aunque el juez Jee señaló que las acciones de Yoon habían dañado fundamentalmente el orden constitucional de una de las democracias más vibrantes de Asia. Yoon, de 65 años, había defendido sus actos como medidas necesarias para proteger a la nación de lo que describió como fuerzas antiestatales dentro de la oposición.
Varios coacusados recibieron penas sustanciales de prisión junto a Yoon. El exministro de Defensa Kim Yong Hyun, quien desempeñó un papel central en la planificación y ejecución de la movilización militar, recibió una sentencia de 30 años. El ex primer ministro Han Duck-soo recibió 23 años por su participación en el intento de legitimar el decreto de ley marcial, falsificación de documentos y perjurio. Han ha indicado que tiene la intención de apelar. El propio Yoon enfrenta una pena adicional de cinco años derivada de una condena separada por resistencia a su detención y fabricación de documentos.
La caída de Yoon se desarrolló rápidamente tras el fracaso del intento de ley marcial. El mandatario quedó suspendido de sus funciones presidenciales el 14 de diciembre de 2024 y destituido formalmente por el Tribunal Constitucional en abril de 2025. Su arresto se produjo en julio de 2025, dando inicio a meses de procedimientos judiciales que culminaron en la cadena perpetua. Partidarios y opositores del expresidente se congregaron frente al Tribunal Central de Seúl el día del veredicto.
El fallo tiene profundas implicaciones para la política surcoreana y la cuestión más amplia de la responsabilidad democrática en la región. Los analistas jurídicos señalaron que, si bien Corea del Sur tiene un historial de enjuiciamiento de expresidentes, la severidad de la condena de Yoon refleja la gravedad con la que el poder judicial considera las amenazas al orden democrático. Se espera que Yoon apele el veredicto, y el caso probablemente seguirá siendo un tema político definitorio en Corea del Sur durante los próximos años.
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