La administración Trump anunció el lunes que revocará formalmente la declaración de peligro de 2009, la determinación científica fundamental según la cual seis gases de efecto invernadero amenazan la salud pública y el bienestar. El administrador de la EPA, Lee Zeldin, describió la medida como el mayor acto de desregulación en la historia de Estados Unidos. La norma formal que anula esta declaración se emitirá en una ceremonia en la Casa Blanca el jueves, eliminando el fundamento jurídico que ha sustentado prácticamente todas las regulaciones federales sobre el clima durante los últimos 17 años.
La declaración de peligro original, emitida bajo la presidencia de Obama, identificó el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre como contaminantes que ponen en peligro la salud pública en virtud de la Ley de Aire Limpio. Esta determinación fue una respuesta directa al fallo de la Corte Suprema de 2007 en el caso Massachusetts contra EPA, que estableció que los gases de efecto invernadero constituyen contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio y ordenó a la agencia evaluar si representaban un peligro. Una vez establecida la declaración, esta activó la obligación de la EPA de regular las emisiones de vehículos, centrales eléctricas y fuentes industriales.
El impacto práctico de la revocación será amplio pero selectivo. La medida eliminará los requisitos federales que obligan a los fabricantes de automóviles y motores a medir, informar, certificar y cumplir con las normas de emisiones de gases de efecto invernadero. Los funcionarios de la EPA afirman que la desregulación ahorrará a los consumidores un promedio de 2.400 dólares por vehículo y reducirá los costes regulatorios totales en más de un billón de dólares. Sin embargo, la administración ha indicado que eximirá en gran medida a las centrales eléctricas y otras instalaciones fijas de petróleo y gas, una excepción que los analistas atribuyen a la sensibilidad política de afectar directamente a la fuerza laboral del sector energético.
La decisión contradice el consenso científico predominante. La Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina reevaluó recientemente la ciencia que sustenta la declaración de 2009 y concluyó que era precisa, que ha resistido el paso del tiempo y que ahora está reforzada por evidencias aún más sólidas. Los críticos han señalado que el panel de revisión científica reunido para justificar la revocación estaba compuesto por detractores declarados de la ciencia climática convencional, y un juez federal determinó que el proceso de selección del secretario de Energía Chris Wright violó la Ley Federal de Comités Asesores. Los tribunales han rechazado sistemáticamente todos los desafíos legales previos a la declaración de peligro, incluyendo un fallo de 2012 del Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. y una reafirmación en 2023.
Organizaciones ambientalistas como Earthjustice han anunciado que impugnarán inmediatamente la revocación ante los tribunales, argumentando que la administración no puede revertir una determinación basada en la ciencia sin producir evidencia creíble de que la ciencia subyacente ha cambiado. Los expertos jurídicos anticipan que el caso llegará finalmente a la Corte Suprema. Mientras tanto, varios estados liderados por California buscarán establecer sus propias normas de emisiones bajo las disposiciones de exención de la Ley de Aire Limpio. El anuncio generó la condena de científicos climáticos y exfuncionarios de la EPA, quienes advirtieron que desmantelar el marco regulatorio acelerará las emisiones de gases de efecto invernadero en un momento en que las temperaturas globales ya han superado el umbral de 1,5 grados centígrados establecido por el Acuerdo de París.
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