El Congreso de Perú votó el martes para destituir al presidente interino José Jeri del cargo tras apenas cuatro meses en el poder, sumiendo a la nación sudamericana en una crisis política aún más profunda. Los legisladores aprobaron la moción de censura con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, convirtiendo a Jeri en el séptimo presidente en aproximadamente una década en ser forzado a abandonar el poder. La destitución se desencadenó por el denominado escándalo del Chifagate, que estalló el mes pasado después de que medios peruanos difundieran imágenes de video que mostraban a Jeri asistiendo a reuniones secretas nocturnas con un empresario chino en un restaurante de Lima.
El escándalo toma su nombre del término coloquial peruano chifa, que hace referencia a los restaurantes chinos que forman parte esencial del panorama gastronómico del país. Las imágenes de las cámaras de seguridad revelaron que Jeri llegó al establecimiento vestido de manera informal, portando una sudadera con capucha que ocultaba parcialmente su rostro, en un aparente intento por evitar ser reconocido. Las reuniones con el empresario chino Zhihua Yang, propietario de comercios y titular de una concesión para un proyecto energético en Perú, nunca fueron registradas en la agenda presidencial oficial como exige la legislación vigente. Un tercer empresario, Jiwu Xiaodong, quien había sido puesto bajo arresto domiciliario por presunta participación en actividades ilegales, también habría estado presente en uno de los encuentros.
Jeri, un político de derecha que anteriormente ejerció como presidente del Congreso, asumió la presidencia en octubre de 2025 después de que su predecesora Dina Boluarte también fuera destituida en medio de una crisis de seguridad en aumento. Boluarte a su vez había reemplazado a Pedro Castillo, removido en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso. La puerta giratoria de presidentes se ha convertido en un rasgo definitorio de la política peruana, con el país habiendo tenido su octavo jefe de Estado en otros tantos años, socavando la estabilidad institucional y la confianza pública en el proceso democrático.
Más allá del escándalo del Chifagate, Jeri enfrentaba acusaciones adicionales que incluían alegaciones de agresión sexual que se remontan a diciembre de 2024 y cuestionamientos sobre reuniones con mujeres que posteriormente obtuvieron contratos gubernamentales. La congresista Ruth Luque declaró durante el debate parlamentario que la nación necesitaba un liderazgo enfocado en el interés público y la seguridad, rechazando administraciones marcadas por intereses ocultos y reuniones secretas. La votación de censura requería únicamente una mayoría simple, a diferencia del umbral de 87 votos necesario para un proceso formal de destitución.
Tras la destitución, Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso, declinó asumir la presidencia de la República conforme a la línea de sucesión constitucional. Los legisladores anunciaron que elegirían un nuevo presidente del Congreso el miércoles por la noche, quien automáticamente se convertiría en jefe de Estado interino. El nuevo mandatario gobernará hasta el 28 de julio de 2026, cuando el poder será transferido al ganador de las elecciones generales programadas para el 12 de abril.
Pese a la inestabilidad política crónica, la economía peruana ha demostrado una notable resiliencia con un crecimiento del 3,4 por ciento en 2025. Sin embargo, los analistas advierten que los constantes cambios de liderazgo han obstaculizado los esfuerzos para abordar problemas urgentes como el aumento de la criminalidad, la extorsión y la inseguridad ciudadana que han azotado al país en los últimos años. Las elecciones de abril representan lo que muchos peruanos esperan sea una oportunidad para romper el ciclo de destituciones presidenciales e instalar a un líder capaz de completar un mandato íntegro.
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