Un juez federal ha ordenado la eliminación del nombre del presidente Donald Trump del John F. Kennedy Center for the Performing Arts, dictaminando que la junta directiva excedió su autoridad legal al renombrar unilateralmente el emblemático recinto de Washington. El juez de distrito Christopher Cooper emitió la decisión el viernes, otorgando al centro un plazo de dos semanas para retirar el nombre de Trump de la fachada del edificio y toda la señalización.
En su fallo, el juez Cooper escribió que el estatuto orgánico del Kennedy Center establece con total claridad que el centro debe llevar el nombre del presidente Kennedy, y que no puede ostentar ningún otro nombre formal ni memorial público basándose únicamente en la decisión unilateral de la junta. La decisión también bloqueó temporalmente los planes de la junta de cerrar el centro durante dos años para renovaciones, según lo deseado por la administración Trump.
El fallo llegó en respuesta a una demanda presentada por la representante Joyce Beatty, una demócrata de Ohio y miembro de derecho de la junta del Kennedy Center. La demanda civil de Beatty cuestionaba tres acciones de la junta: el cambio de nombre del centro en honor a Trump, el cierre previsto para renovaciones y la eliminación de sus derechos de voto como miembro del consejo designada por el Congreso.
El Kennedy Center, que abrió sus puertas en 1971 como memorial viviente del presidente John F. Kennedy, ha servido durante más de cinco décadas como uno de los principales recintos de artes escénicas del país. La junta designada por Trump había votado a principios de este año para renombrar la institución en honor al presidente en ejercicio, una medida que generó inmediatas impugnaciones legales y amplias críticas por parte de organizaciones artísticas y grupos de preservación del patrimonio.
Los expertos legales señalaron que el fallo refuerza el principio de que las juntas nombradas por el ejecutivo no pueden anular unilateralmente las designaciones del Congreso establecidas por ley. El Kennedy Center fue creado mediante un acto del Congreso en 1958, y su denominación en honor al presidente asesinado está codificada en la ley federal. Solo el Congreso tiene la autoridad para renombrar formalmente un memorial designado a nivel federal.
La administración Trump aún no ha anunciado si apelará el fallo. Los funcionarios de la Casa Blanca declinaron comentar directamente sobre la decisión, pero anteriormente habían sostenido que la junta actuó dentro de su autoridad al reconocer las contribuciones de Trump a las artes. El caso se ha convertido en un punto de tensión en los debates más amplios sobre el poder presidencial y la independencia de las instituciones culturales en Estados Unidos.
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