El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el viernes que está cortando todos sus vínculos de educación militar con la Universidad de Harvard, poniendo fin a la formación de posgrado, becas y programas de certificación en la institución de la Ivy League. El secretario de Defensa Pete Hegseth declaró que Harvard ya no satisface las necesidades de lo que él denominó el Departamento de Guerra, añadiendo que la universidad es demasiado progresista mientras que el ejército no lo es. La medida marca una escalada dramática en el enfrentamiento en curso entre la administración Trump y la universidad más antigua del país.
El Pentágono indicó que a partir del año académico 2026-2027, todos los programas de educación militar profesional de nivel de posgrado, becas y programas de certificación en Harvard serán discontinuados. El personal militar actualmente matriculado en cursos de Harvard podrá completar sus estudios en curso, pero no se aceptarán nuevas inscripciones. Hegseth alegó que los oficiales que regresaban de Harvard tenían la cabeza llena de lo que describió como ideologías globalistas y radicales, afirmando que la universidad había fracasado fundamentalmente en proteger a los estudiantes y profesores estadounidenses de la violencia antisemita en el campus.
La decisión se produce en medio de una confrontación más amplia entre la Casa Blanca y Harvard que se ha intensificado durante varios meses. La administración Trump previamente congeló miles de millones de dólares en financiación federal para investigación de la universidad, citando acusaciones de que la institución toleraba el acoso antisemita. El presidente Trump exigió entonces mil millones de dólares a Harvard como condición para restaurar la financiación federal, duplicando su demanda anterior. Harvard ha rechazado firmemente estas condiciones, con los líderes universitarios calificando las acciones de la administración como represalias ilegales por la negativa de la institución a adoptar las opiniones ideológicas del gobierno o aceptar una supervisión federal sin precedentes de sus programas académicos.
Harvard ha presentado dos demandas separadas impugnando la congelación de fondos, y un juez federal emitió órdenes a favor de la universidad en ambos casos. La administración Trump está apelando actualmente esas resoluciones. La batalla legal ha atraído la atención nacional como un caso de prueba sobre los límites del poder ejecutivo sobre la educación superior. Hegseth, quien simbólicamente devolvió su propio diploma de maestría de Harvard durante un segmento de Fox News en 2022, ha hecho de la confrontación con las universidades de élite una parte central de su imagen pública, y su oficina en el Pentágono recientemente destacó ese gesto anterior.
Las acciones del Pentágono contra Harvard siguen un patrón de la administración presionando a universidades de élite sobre acusaciones de antisemitismo y sesgo ideológico en los campus. La Universidad de Columbia previamente acordó pagar 200 millones de dólares y la Universidad Brown se comprometió a destinar 50 millones de dólares al desarrollo laboral para que se les restaurara su financiación federal. Harvard, sin embargo, se ha negado a negociar bajo lo que considera términos coercitivos, optando en cambio por combatir a la administración en los tribunales. Hegseth indicó que evaluaciones similares de programas de educación militar en otras instituciones de la Ivy League procederán en las próximas semanas, señalando que Harvard podría no ser la última universidad en enfrentar tales acciones.
La confrontación plantea cuestiones fundamentales sobre la libertad académica, la financiación gubernamental de la educación superior y la relación entre el ejército y las instituciones civiles de élite. Los críticos de la administración argumentan que usar la financiación federal como palanca para imponer conformidad ideológica a las universidades establece un precedente peligroso que podría socavar la independencia de las instituciones de investigación estadounidenses. Los defensores responden que los programas financiados por los contribuyentes deberían reflejar las prioridades nacionales y que las universidades deben rendir cuentas por el entorno que fomentan en sus campus. Mientras ambas partes se atrincheran, la disputa no muestra señales de resolución, con Harvard preparándose para una batalla legal y financiera potencialmente prolongada contra el gobierno federal.
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